Más de 3 millones de personas habitan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gran parte de ellas tiene distintas dudas acerca de asuntos públicos.
Los vecinos de CABA realizaron, entre los años 2013 y 2022, más de 30 mil consultas, mediante el servicio de Acceso a la Información Pública. Durante este período, el tema más consultado fue Habilitaciones, Inspecciones e Infraestructura.
Los ciudadanos pueden buscar, recibir y compartir datos de todo tipo, mediante cualquier medio o canal. De acuerdo a la Ley N° 104, el GCBA, debe brindar accesibilidad y transparencia hacia todas las comunas. La ley ayuda a brindar informes con procesos sencillos y actualizados. Los vecinos cuentan con instancias de diálogo a su disposición, en caso de que la información se recopile. Las personas pueden hacer el reclamo al organismo que corresponda, si el pedido no se cumple.
Una vez que el pedido de información ingresa en el sistema del Gobierno de la Ciudad, el mismo se deriva a las distintas dependencias. Más de 20 mil pedidos, fueron hacia las direcciones generales.
Por su parte, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), fundada en el 2002, es apartidaria y se dedica a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia en Argentina. La asociación defiende la vigencia de la Constitución Nacional y los principios del estado de derecho. A su vez, promueve el cumplimiento de las leyes, la erradicación de toda práctica discriminatoria y la igualdad política y de poder entre todas las personas.
Clara Inés Lucarella es la coordinadora del programa de fortalecimiento de la democracia de ACIJ. Lucarella está directamente relacionada con el Acceso a la Información Pública (AIP). Desde su espacio de trabajo realizan pedidos con regularidad. «Es una herramienta que utilizamos desde todas las áreas» comentó Clara en entrevista, donde explicó cómo el AIP acompaña el labor de ACIJ.
Asimismo destacó la importancia de éste servicio en su trabajo cotidiano: “Desde la asociación realizamos solicitudes de acceso a la información de nuevo a distintas instituciones. Con los datos que nos brindan hacemos un monitoreo de la implementación de determinada política; o tratamos de transparentar información que el gobierno de la ciudad no publicaba de forma proactiva. En ese sentido, contamos con un caso donde logramos que el GCBA hiciera pública la información sobre la totalidad de su personal y remuneraciones”.
Pero no todo es color de rosa a la hora de solicitar datos. Lucarella recordó: “Solicitamos al gobierno de la CABA, información sobre publicidad oficial de manera desagregada y específica; tuvimos que iniciar un amparo con el fin de recibir el reporte completo”.
Los ejes de solicitud desde ACIJ, hacia el Gobierno de la Ciudad están relacionados con cuestiones de urbanización en los barrios populares; asuntos vinculados a educación, a la niñez y a la entrega de asignaciones, familiares o educativas. Además hacen consultas al área de Derechos de las Personas con Discapacidad en general.
La coordinadora de fortalecimiento de la democracia habló de los inconvenientes en el AIP “Los problemas están relacionados con la implementación y en cómo se aplica la ley. Un claro ejemplo son las extensiones a la entrega de la información. Los puntos más relevantes es la interpretación y evolución de la solicitud por parte del órgano garante o, incluso, del sistema judicial. En la práctica es necesario enfocarse a contar con un mayor caudal de información publicada e incrementar la transparencia. Lo ideal sería que toda la información se pueda considerar pública y se encuentre disponible de manera proactiva».
Pedidos curiosos
De los más de 30 mil pedidos de información, se destacan algunos insólitos:
- ¿Existe un lugar físico destinado en la vía pública para que las trabajadoras sexuales ejerzan su actividad?
- ¿Cómo debo proceder para mudarme de esta casa que habito con mi esposa en CABA a la casa de mi esposa que queda en Morón, Provincia de Buenos Aires?
La fundación Poder Ciudadano nació en 1989, es apartidaria y sin fines de lucro. Surgió como una iniciativa con la premisa de defender los derechos cívicos en Argentina. Dentro de su programa de integridad, refleja la lucha contra la corrupción, el respeto a las leyes que se aplican y la protección y el respeto a los derechos humanos.
La organización cuenta con un Centro de Asesoría Legal Anticorrupción gratuito que ofrece asesoramiento y asistencia a personas y Organizaciones de la Sociedad Civil que brinda ayuda jurídica, representa y da seguimiento a los reclamos en casos de violaciones de derechos cívicos.
Alejandro Román trabaja en el ámbito de fortalecimiento institucional de Poder Ciudadano y explicó que: «Generamos el pedido de información para entender cómo son las respuestas a la hora de transitar por el proceso de solicitud; y por otro lado, para controlar el tipo de respuesta que se genera. En caso de encontrarnos con una respuesta negativa, nos vinculamos con algún actor público para tratar de corregirlo».
«De ésta manera, el ciudadano que no es parte de una organización civil, tendrá un acceso más efectivo a los informes. Encontramos además, que varias personas desconocen la posibilidad de acceder a la ley», agregó Román.
Para concluir, es posible afirmar que las organizaciones concuerdan en la necesidad de implementar un un sistema proactivo, para que los actores públicos brinden la información sin la necesidad de que alguien lo solicite.
Para realizar una solicitud de Acceso a la Información Pública vía web, ingresá acá.