De las más de 6 millones de hectáreas que se incendiaron en la Argentina entre 2010 y 2019, en el 42% de los casos el fuego se inició por causas confirmadas de accionar humano (intencional o por negligencia) y el 53% restante por causas que no pudieron ser definidas, pero no tienen que ver con cuestiones naturales, según se desprende de los datos ofrecidos por la Dirección Nacional de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Esto significa que solo el 5% de los incendios forestales fue producto de causas naturales.
Si bien 2019 fue un año con pocos incendios en comparación con los anteriores, en el año siguiente la tendencia se revirtió y los fuegos azotaron con intensidad diferentes áreas del país. Durante 2020 y principios de 2021, las zonas más afectadas por los fuegos fueron la provincia de Córdoba, el Litoral (en la zona del Delta del río Paraná, con partes de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos) y la Patagonia (especialmente en las provincias de Río Negro y Chubut).
Entre los factores climáticos que favorecieron estos incendios, con focos que se registraron en 14 de las 24 provincias argentinas (contando a la Ciudad de Buenos Aires), se destacan las temperaturas promedio más altas que lo normal, la sequía en varias zonas, especialmente en Córdoba, que se arrastraba de temporadas anteriores, los fuertes vientos y las heladas inesperadas. Pero más allá de esto, el accionar del ser humano es el que encendió esa chispa que hizo que se desataran los fuegos, que arrasaron sin distinción ambientes naturales y productivos.
La responsabilidad humana
Sergio Federovisky es biólogo, periodista y ambientalista. En la actualidad ocupa el cargo de Secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, una especie de viceministro no formalizado de la cartera. Aseguró que «hay una estimación aproximada de un millón de hectáreas afectadas por los fuegos durante 2020, pero todavía se están haciendo los relevamientos más precisos para poder establecer la cantidad». «De todos modos -agregó-, no nos parece que la cantidad de hectáreas sea en sí misma un dato relevante, porque tiene que ver con el tipo de fuego que las afecta y fundamentalmente con la capacidad de restauración que tenga cada uno de los ecosistemas».
Federovisky confirmó lo que muestran los datos y afirmó que «la mayor parte, casi más del 90% de los incendios, son intencionales, esto es, provocados por la manos del ser humano». Sin embargo, el funcionario hizo una diferenciación entre los principales motivos que llevan a las personas a comenzar los fuegos en las distintas zonas del país. «Algunos son provocados, como el del Delta del río Paraná, para garantizar un avance de la frontera agropecuaria, aprovechando la bajante extraordinaria del río, para poder aterraplenar zonas y reconvertirlas a un uso productivo; otros tienen que ver con la especulación inmobiliaria, principalmente en la zona de Córdoba; otros con el mal manejo de los campos, que se ven afectados por incendios provocados para limpieza de malezas o limpieza para inicio de temporada de cultivo, y la negligencia, como sucede principalmente en la zona de la Patagonia, con incendios generados a partir de situaciones de fuegos que quizás no están destinados a generar un gran incendio o no están determinados para eso, pero que ante la negligencia y la cantidad de combustible que se encuentra en los suelos, favorece la posibilidad de un gran incendio a escala», enumeró.
Con todas las de la ley
El 4 de diciembre de 2020 se sancionó la Ley de Manejo del fuego (N° 27.604), que modifica el artículo 22 bis de la Ley N° 26.815 de 2012. Esta norma protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos de entre 30 y 60 años para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios en las zonas quemadas.
De esta forma, se especifica que «en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, se prohíbe por el término de sesenta (60) años desde su extinción» determinadas acciones.
Esas acciones que se prohíben son, por ejemplo, «realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio», «la división o subdivisión, excepto que resulte de una partición hereditaria; el loteo, fraccionamiento o parcelamiento, sea parcial o total, o cualquier emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares».
La norma establece que tampoco se podrá proceder a «la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento, de tierras fiscales», ni realizar «cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio».
Además de esto, Federovisky detalló otra cuestión que se suma a los cambios de la antigua ley. «Algo importantísimo que se dio a partir de la modificación desde la Ley de Presupuesto de la Ley de Manejo del fuego es la creación de un fondo específico conformado por una alícuota del tres por mil de todas las pólizas de seguro, menos el seguro de vida, que se emiten en la Argentina. Ese fondo supone para este año un presupuesto siete veces mayor al del año anterior, pero también garantiza a lo largo del tiempo una previsibilidad ya que todos los años ese fondo va a estar conformado y va a ser administrado por un fideicomiso, que va a ser administrado únicamente por el Ministerio de Ambiente para equipar el Plan Nacional de Manejo del fuego», destacó el funcionario.
Prevenir y restaurar
La cantidad de hectáreas incendiadas en estos diez años equivale casi al doble de las tierras protegidas que tiene la Argentina en su Administración de Parques Nacionales, por lo que la necesidad de planificar el proceso de restauración de las zonas quemadas y de prevenir futuros nuevos focos de incendio se vuelve primordial.
«Hay un plan que está asociado a la modificación de la Ley de Manejo del fuego, con programas de restauración y con el impedimento de la utilización productiva de las áreas que fueron quemadas deliberadamente para imponer un cambio de uso», explicó el viceministro. Y sumó que «las comunidades afectadas siempre están integradas en este proceso y estamos trabajando primero en la evaluación de los daños del año pasado para, a partir de allí, diseñar un programa de restauración específico para cada una de las áreas, con la participación de las provincias, además de las comunidades locales».
En cuanto a la prevención, indicó que «desde el momento en que el Plan Nacional de Manejo del fuego regresó al Ministerio de Ambiente, en agosto del año pasado, nos pusimos a trabajar para reconstruir un programa global, integral de manejo del fuego que no consistiera solamente en el ataque a la emergencia, sino también en las políticas de prevención y alerta temprana. En ese contexto se están instalando cámaras de detección temprana de humo y calor en la zona del Delta y se va a seguir con Córdoba y la Patagonia a lo largo del año, como medidas para poder detectar rápidamente la aparición de fuegos. Por supuesto, esto también complementado con políticas de prevención, que, además de la concientización hacia la población, básicamente demandan la detección de cantidades de combustible, es decir, de materia orgánica sobre el suelo que rápidamente arde».
Ordenamiento territorial de los bosques nativos
Un Informe de implementación de la Ley N° 26.331, de Presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos, presentado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, resalta que la norma establece en el artículo 6 que cada jurisdicción debe realizar un ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) existentes en su territorio mediante un proceso participativo, de acuerdo a los criterios de sustentabilidad ambiental (CSA), para fijar diferentes categorías de conservación.
En el siguiente mapa pueden observarse las Categorías de Conservación Declaradas de la República Argentina:
El caso de Córdoba
Pero todo puede fallar. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, este ordenamiento territorial no se actualiza desde 2010.
Natalia De Luca es Ingeniera forestal y desarrolla su actividad en esa provincia, donde trabaja en conservación de bosques, cultivos de especies nativas y bancos de semillas. Su ventana es como un marco que exhibe el cerro Las Gemelas, hasta donde llegó el fuego en varias oportunidades. «Durante 2020 hubo fuegos todos los meses, aunque sean focos pequeños, inclusive en el verano. En el Valle de Punilla hubo distintos focos desde mayo, pero lo crítico fue de agosto a octubre en toda la provincia», explicó.
«Se produjo una situación mayor de riesgo que otros años porque hubo una sequía muy profunda, que se viene acumulando, y eso se conjuga con intereses que aprovechan esta situación límite, crítica, de máximo riesgo de incendio donde una chispita genera un desastre. Entonces, sabiendo que hay un conflicto socioambiental respecto a la situación de los ecosistemas naturales en la provincia de Córdoba, que hay alto riesgo de incendios, algo que los investigadores vienen anunciando, no hay un plan integral de prevención y control. Por omisión o por intención sucede que quienes tienen que cuidar nuestros ecosistemas fallaron», analizó la especialista.
El Sistema Nacional de Manejo del Fuego reportó en base a imágenes satelitales para esa provincia un total de 315.944 hectáreas afectadas por el fuego hasta el 15 de octubre de 2020. Esta situación se agravó al registrarse nuevos incendios en Traslasierra, Punilla y entre Tulumba e Ischilin, lo que estableció la estimación del cálculo anual entre 340 mil y 350 mil hectáreas.
La tabla confeccionada con datos proporcionados por un informe parcial del Instituto de Altos Estudios Espaciales «Mario Gulich», que llega hasta el 1 de octubre de 2020, da cuenta de algunos de los territorios donde se produjeron los incendios de mayor magnitud, la cantidad de áreas afectadas y la proporcionalidad del daño relacionada con la superficie de la Ciudad de Córdoba. Estos incendios representaron el 85% del total del área quemada.
En cuanto a las causas de estos fuegos, De Luca fue contundente: «Los grupos de especialistas dicen que las causas son varias, pero son 100 por ciento antrópicas, es decir, causadas por el accionar humano. Ninguno de estos fuegos fueron naturales. Fueron todos negligencias, accidentes o intencionales. La mayoría fueron intencionales».
Sin embargo, la especialista explicó que «aunque fueran intencionales, si hay una fuerte política para la prevención del fuego, esos fuegos se quedarían solo como focos y no habría miles y miles de hectáreas afectadas. Se llegaría a tiempo para sofocarlos».
La cuestión relacionada con el uso de los suelos y el desmonte que se realiza para poder cambiarlo, lo que está prohibido tanto por la ley de Presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos como por la de Manejo del fuego, se torna fundamental. «Hay una gran presión del lobby inmobiliario y agroindustrial para convertir estas tierras, las tierras que están protegidas por ley, y que se genere un cambio de uso de suelo. Pero también la gente está más concientizada en estos últimos años, por ser afectada directa y ver el cambio en el ambiente. Hay una presión de todo ese sector, que peyorativamente se llama ambientalistas, para que las leyes que tenemos se cumplan y se proteja nuestro derecho a un ambiente sano como base mínima», afirmó De Luca.
Un plan integral
Un estudio desarrollado por el Instituto Gulich/CONAE afirma que «además de las consecuencias ambientales de los incendios, el fuego también representó una amenaza para la seguridad de las personas y para los bienes materiales. En los últimos años, las sierras cordobesas han sufrido un proceso de expansión urbana de baja densidad, con viviendas que quedan rodeadas de vegetación natural (…) que aumentan el riesgo de producir daños ya que se encuentran rodeadas del material vegetal que es el combustible del cual se alimentará el fuego». Entre el 70 y el 80% de las viviendas expuestas al fuego en Córdoba pertenece a este tipo de urbanización.
Debido a la profunda crisis que afectó a la provincia mediterránea como consecuencia de los incendios, por decreto provincial N° 710/20, desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021 se declaró en estado de Desastre Agropecuario a productores agrícolas, ganaderos, forestales, apícolas y frutihortícolas afectados por incendios en zonas productivas.
El problema es que esta ayuda económica no llegó a quienes, por ejemplo, destinan sus hectáreas a la conservación, y eso generó situaciones injustas.
En este aspecto, De Luca coincidió con el viceministro en cuanto a que la solución viene de la mano de un plan integral de acción para prevenir los grandes incendios forestales. «El pequeño productor está desesperado porque con la sequía el ganado se le muere y necesita conseguir pasto como sea. Exprime la última humedad que le queda al suelo con fuegos que cree que puede manejar, se sale de control y termina afectando un gran territorio, incluidas áreas protegidas privadas. Para controlar y evitar estas situaciones, la presencia del Estado ayudando con fardos, por ejemplo, para alimentar al ganado en esos momentos de desesperación, es fundamental. Y eso se logra solo con un plan integral», enfatizó.
«La propaganda masiva no alcanza, hay que estar en el territorio con la prevención», remarcó la Ingeniera forestal. «Hace muchos años que quienes investigan el comportamiento de los fuegos vienen advirtiendo que el cambio climático genera una mayor situación de riesgo de incendios, entonces hay que triplicar las acciones que tienen que ver con la prevención».
Y volvió a destacar: «Lo que faltó es un plan integral que incluya la concientización de las personas y la presencia en el territorio. En todos los niveles de la sociedad, en la escuela, pero también que los vecinos y las vecinas sepan cómo actuar cuando se inicia un foco, sepan distinguir los distintos tipos de fuego, hacia dónde se va a dirigir, el comportamiento del fuego en los distintos territorios y relieves, con los distintos tipos de vegetación».
A esto sumó la necesidad de que «haya brigadistas en todas las localidades, bomberos que interactúen, que el Municipio y Defensa Civil de cada comuna se involucren y que los vecinos y vecinas sepan cómo actuar en la prevención y en el control temprano».
Cambio de paradigma
Las posibilidades de solucionar este gran problema que afecta todos los años a miles y miles de hectáreas -con sus plantas, sus animales y las personas que allí viven incluidas- son escasas si no se piensa en un cambio de paradigma profundo. Natalia De Luca lo analizó de la siguiente manera: «Estamos inmersos e inmersas en un sistema donde el capitalismo se basa en la agroindustria de producción de commodities. ¿Cómo convive eso con el derecho al ambiente sano? A través de conflictos. Los conflictos ambientales surgen porque hay convenios internacionales y leyes nacionales que nos protegen. Tenemos los derechos, los hemos ganado, pero el modelo de producción y también de apropiación de la tierra es neoliberal capitalista, entonces el mismo sistema entra en conflicto. Por eso, podemos tener las mejores leyes, pero si no modificamos nuestro sistema de producción y además no hay regulación del negocio inmobiliario y se generan especulaciones que atentan contra el derecho a la tierra y a la vivienda digna… El conflicto va a ser eterno hasta que la presión logre equilibrar un poquito la balanza».
