«Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos». Esas fueron las palabras expresadas por el General de Brigada Ibérico Saint Jean, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en una cena de camaradería entre oficiales en 1977, con las que sentenció de forma lapidaria lo que sucedió después. Para cumplir su cometido Saint Jean nombró al General de Brigada Ramón Camps como Jefe de la Policía, quien dirigió varios Centros Clandestinos de Detención.
Aniquilar familias enteras no fue un hecho azaroso
A través de un análisis exhaustivo de la base de datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, se identificó que una cantidad relevante de detenidos-desaparecidos compartían apellido paterno y materno, confirmando en una primera instancia la existencia de lazos parentales de segundo grado, es decir, hermanos/as de un mismo núcleo familiar.
Esto se corroboró luego de investigar cada apellido en portales web tales como el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, El Parque de la Memoria, Huellas de la Memoria, Informes de prensa sobre los Juicios de la Verdad, entre otros.
Para ser precisos, 990 casos tienen vínculos parentales en grado de hermanos/hermanas, los cuales se agrupan en más de 450 grupos familiares de acuerdo con la base de datos del sitio «Datos abiertos PBA» sobre las «Personas Detenidas Desaparecidas de la Provincia de Buenos Aires para el período 1976-1983».
Ese hallazgo demostró que la frase del General de Brigada Ibérico Saint Jean no era azarosa y de compromiso, sino parte del plan general para diezmar toda «célula» que ellos consideran subversiva o terrorista, más allá de la militancia política, la pertenencia a una organización armada, o la simpatía por alguna de ellas.
Bajo las alas del «Plan Cóndor» las dictaduras latinoamericanas tejieron una red continental destinada a detener, secuestrar, asesinar y desaparecer a toda persona que a su entender se catalogara como «delincuentes subversivos», o sospechados de integrar, o simpatizar, con alguna organización política o armada. Así, cualquier ciudadano de cualquier país latinoamericano podía ser detenido o secuestrado por las fuerzas de seguridad oficiales o paraestatales, ser ejecutadas y desaparecidas sin previo aviso a su país de origen, aunque posteriormente se comunicara el suceso por canales no oficiales a los mandatarios de dichas naciones.
En el siguiente gráfico se observa cómo de la totalidad de las personas detenidas-desaparecidas en la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la última dictadura argentina, al menos, el 10% evidencia un parentesco familiar, cantidad que, además se encuentra distribuida en 450 grupos familiares aproximadamente.
Ángela Urondo, una infancia con identidad robada
Ángela Urondo es la hija del escritor, poeta, guionista, periodista, militante político y combatiente armado Francisco “Paco” Urondo. Urondo fue asesinado en Mendoza por la policía provincial el 17 de junio de 1976. Ángela viajaba en el automóvil con sus padres Francisco y Alicia Raboy cuando fueron interceptados; no tenía un año de edad. A la pregunta sobre la intencionalidad de los represores de golpear especialmente a familias, Ángela Urondo, parafraseando la frase de Ibérico Saint Jean, deduce con gran certeza que el hecho “responde al plan de acción psicológica ejercido por la dictadura genocida sobre el pueblo”.
Desde su infancia, la vida de Ángela no fue igual a la de otra persona. Dentro de su círculo familiar más próximo, en la entrevista relató que tiene cuatro personas desaparecidas/asesinadas: su padre, madre, hermana y cuñado. “Todo fue raro y sigue siendo de algún modo excepcional. Con el arrancamiento de mis padres, por un lado. La pérdida de mis propios derechos, mi secuestro y recuperación, la alteración de mi identidad, el ocultamiento de la historia, las pesadillas sin correlato, la sensación de impotencia y el impacto del reencuentro de mi familia, el proceso de restitución, la “desadopción” y rectificación de mi nombre; nada de eso se puede naturalizar. Fue siempre una lucha, hasta cuando no lo sabía”, añadió.
Una mirada académica
Laura Marina Panizo, doctora en Antropología y licenciada en Antropología Social, escritora, poeta y actual investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), fue consultada sobre nuestra premisa central: el ataque a las familias durante la última dictadura en el país. A modo de deducción precipitada, la doctora infirió que la destrucción de los núcleos familiares se debió a que “era muy común que más de un integrante del mismo círculo, hermanos por ejemplo, esté involucrado con causas sociales similares o el activismo político”, tan característico del momento y de la efervescencia que se respiraba.
Núcleos familiares, uno a uno
Intramuros, todos los habitantes eran sospechosos y factibles de ser «chupados» por el terrorismo estatal o paraestatal. Este plan, pensado y ejecutado con meticulosidad quirúrgica, diezmó lazos sociales, vinculares, parentales y familiares, para convertir su accionar en otro de los tantos genocidios ocurridos en el siglo XX.
En el siguiente gráfico se muestra cómo el terrorismo de Estado que azotó a nuestro país tuvo como norte, no solo acabar con la disidencia sino sembrar el miedo en el corazón de las familias argentinas, donde un aproximado de 450 padres y madres sufrieron el horror de padecer la desaparición de dos o más de sus hijos
Este último caso es el de la familia Rodríguez Ramírez. Ángel Alberto, Eduardo José, Enrique Ricardo, Guillermo Hernán, Ricardo Daniel y Jorge Daniel desaparecieron entre 1976 y 1977, y su madre, la señora Ramona de la Cruz Ramírez de Rodríguez, declaró en los juicios por la verdad en la causa por la desaparición sus dos hijos menores (Jorge y Ricardo de 17 y 18 años respectivamente desaparecidos el 8 de enero de 1977) sobre el actuar de los agentes de régimen: «Buscaban armas y no encontraron nada. Tiraron los colchones y revolvieron todo».
La madre de los jóvenes Rodríguez Ceballos indicó en su declaración que a sus hijos se los llevaron vendados, pero que además los sorprendieron en la madrugada cuando estaban durmiendo en el living.
Testimoniar para no olvidar: la voz in situ
Eduardo Álvarez vive en Bahía Blanca. Durante la entrevista contó que fue secuestrado junto a la que entonces era su esposa el 1° de octubre de 1976, y forma parte del minoritario grupo de los que salvaron sus vidas al no ser ejecutado por la cruenta dictadura vivida en la República Argentina.
Luego de 113 días en el centro de detención llamado “La Escuelita”, fueron “blanqueados” y llevados a una cárcel bahiense. “De ese tiempo –dice– no registro ningún caso en que estuvieran involucrados hermanos o primos, como no recuerdo que existieran casos así, en los tres establecimientos carcelarios por donde pasé: Bahía Blanca, Rawson y Villa Devoto. Me inclino a creer que los casos que ustedes mencionan son aleatorios. Manoteaban lo que encontraban. Ahora, en los casos de parejas, tenía más lógica que ellos pensaran que forzosamente ambos integrantes debían estar en la misma. Y luego están los casos de detención de portadores de agendas, pero creo que eso ya es otra historia”, sostuvo.
A diferencia del testimonio de Angela Urondo, donde en primera persona relató que el impacto a las familias ha sido parte de un plan de acción sistemático por los dictadores, Eduardo se mostró escéptico y contó, entre otros muchos pasajes de su detención, lo que él considera “el modo de proceder de la dictadura”. En sus palabras advirtió de que la detención de miembros de una misma familia no era, a su entender, y por la experiencia vivida, un plan tejido y pensado sino que se le dio muy bien al azar, y con ello causaron dolor profundo y resquebrajaron uno de los núcleos centrales de la convivencia en sociedad.
Otras voces, otros ámbitos
Y aunque no haya un patrón, como aseguró la entrevistada, durante esos años de cacería, plomo y sangre, cientos de familias fueron desmembradas y el análisis de los datos dio cuenta de ello. En un repaso por los casos que conoce, María Pía constató sobre la tragedia al interior de las familias, una de ellas, la de su amiga Ángela Urondo.
“Cuando asesinan al padre de Ángela y secuestran a la madre, ella era una nena de un año. Incluso, estuvo en ese momento y la secuestraron también, hasta que la rescató la familia. No me puedo imaginar lo que es que alguien no aparezca más. En lo personal, la repercusión es muy fuerte y es algo que no cierra nunca. Hablé cosas con Ángela, o en otras cosas que leí de sobrevivientes o familiares que tienen personas de su entorno que continúan desaparecidas, y realmente es una herida que no cierra y que no va a cerrar», detalló con un tono de angustia.
Además al ser consultada sobre las posibles razones que empujaban al brazo armado de la dictadura a llevarse y desaparecer a hermanos y hermanas, de forma tajante, Chiesino dijo: “Lo que pasa es que, si a una madre le llevás los tres hijos que tiene, la partís a la mitad” apuntando a que con esta artimaña la dictadura les quitaba a las familias hasta el ánimo de lucha y defensa de sus derechos. De hecho, agregó la entrevistada, hubo casos como el de la familia Tarnopolsky: “La chica no tenía edad para tener militancia política, y la secuestraron junto a toda su familia, menos a uno de ellos que no estaba en la casa cuando fue el allanamiento, y hoy es un sobreviviente”.
¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? ¿Qué edad tenían?
Recabados los datos de las más de diez mil víctimas objeto de desapariciones forzadas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, se presentó gráficamente la evidencia, y la conclusión a la que derivó el equipo investigativo es que, además de verse seriamente perseguida la franja etaria comprendida entre los 20 y los 30 años, la dictadura y su brazo represor tuvo fijación hacia el género masculino, pues del total de las víctimas, más de 7.000 son varones lo que representa aproximadamente el 75% de las víctimas de la base de datos levantada por la Provincia de Buenos Aires.
Al conversar con Ángela Urondo sobre la preeminencia de la franja etaria de 20 a 30 años en las víctimas objeto de desaparición en la Provincia de Buenos Aires, señaló que “la militancia generacional fue una respuesta a la opresión de las dictaduras y la limitación de la democracia con la proscripción del peronismo. Luego la represión actuó contra esa misma militancia súper expuesta, para aterrorizar y dominar al resto de la población”.
En sintonía con sus palabras, María Pía compartió las presunciones a las que llega su amiga, Ángela, y comentó que la concentración en dicha franja etaria en la lista de personas detenidas-desaparecidas “es probable porque todo esto tuvo que ver con el movimiento político que empieza a darse en la Argentina, en principio con la vuelta de Perón, y después de la asunción de Cámpora, para cambiar el modelo de país que se había instalado después de la dictadura del ´55”. Y agregó: “De hecho, mi primo, Eduardo, en la actualidad tiene 74 años: es uno de los sobrevivientes de esa franja etaria”.
Los datos evidenciaron el dolor de más de 450 hogares que se vieron devastados por la decisión del cuerpo represor de apuntar a ellos sin compasión. La historia mostró que, siendo o no planificada, la dictadura con su actuar deshumanizante, sangriento y despiadado logró infundir el terrorismo y sembrar el temor en los núcleos familiares.
Los testimonios, desde sus vivencias y conocimientos, manejan sus hipótesis sobre si fue planificado, o no, aniquilar y diezmar de forma directa a familias completas, poniendo en crisis la democracia en nuestra tierra. Sus palabras acusan y reclaman justicia por los hermanos y hermanas, padres y madres, hijos e hijas víctimas y desaparecidas, acuñando el lema que recorre nuestra América hasta el día de hoy: “Nunca más”.
