La memoria es un arma de combate

El 24 de marzo de 1976 inició la última dictadura militar en Argentina, las Fuerzas Armadas derrocaron a través de un Golpe de Estado al Gobierno de María Estela Martínez y se abrió uno de los capítulos más negros en la historia argentina.

Memoria: desaparecidos en Argentina.

El autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” se mantuvo en el poder hasta el 10 de diciembre de 1983. Debilitados tras la derrota en la Guerra de Malvinas del año anterior, se vieron obligados a entregar el mando a Raúl Alfonsín, quien fue elegido por el voto popular.

En esos siete años, el gobierno de facto realizó una masiva violación de los Derechos Humanos al utilizar como método, para imponer su autoridad, el Terrorismo de Estado: desapariciones, asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de menores o exilios forzosos son algunas de las acciones realizadas por la Dictadura. En 1985 la Cámara Federal condenó a las Juntas Militares y desenmascaró lo sucedido a través de testimonios de sobrevivientes.

Sin embargo, al año siguiente, se sancionaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que frenaron el castigo a aquellos que cumplieron órdenes. Y asimismo, en 1989, Carlos Menem el presidente en ese entonces, indultó a los jefes de las Juntas y a las primeras y segundas líneas que habían sido condenadas.

En 2001, Fernando De la Rúa también hizo su parte: con el decreto 1.581/2001 obstruyó la extradición de represores reclamada por tribunales de otros países que aplicaban el principio de la justicia universal en materia de violaciones a los derechos humanos.

Luis Alen, director de la Licenciatura en Justicia y Derechos Humanos en el Instituto de Justicia y Derechos Humanos, declaró al respecto: “La falta de investigación y procesamiento constituyó una violación del deber de garantía del Estado. Impidió el conocimiento de la verdad y la obra de la justicia y la reparación. Esto quebrantó normas inderogables del bloque de constitucionalidad que emana de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos dotados de jerarquía constitucional”.

Pero con la llegada del kirchnerismo hubo un cambio de rumbo. Durante el mandato de Néstor Kirchner se anularon las leyes del perdón y permitieron la reapertura de las causas que habían sido congeladas y sin efecto. Además, con la derogación del decreto que había impuesto De La Rúa, se retomaron las investigaciones en el exterior.

Que el Estado haya apoyado a la Secretaría de Derechos Humanos fue una acción que demostró la intención del gobierno en el Proceso de Memoria, Verdad y Justicia. La Secretaría no sólo aportó la prueba documental sino que asumió el rol de querellante en más de 80 causas en todo el país con la idea de reclamar la condena a los represores y su prisión en cárcel común.

Alen explicó que la presencia de la Secretaría “fue decisiva” en muchas ciudades del interior en las cuales no “existían organismos de Derechos Humanos o eran muy débiles”.

El 16 de diciembre de 2003 se creó por decreto el Archivo Nacional de la Memoria. Este organismo acopió toda la documentación de la Conadep y luego digitalizó millones de fojas que también fueron puestas a disposición de tribunales, querellantes e investigadores.

“La decisión política de Néstor y Cristina, instrumentada fundamentalmente desde la Secretaría de Derechos Humanos por Eduardo Luis Duhalde y sus colaboradores, y apoyada también por todas las áreas de gobierno, fue una clara señal de la voluntad irreversible de combatir la impunidad y dar una respuesta reparatoria a las víctimas que llevaban tantos años sin recibir justicia”, concluyó el abogado y ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación.

Si se toma en cuenta al Área Metropolitana de Buenos Aires  (AMBA), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Plata son las ciudades con más condenados por Lesa Humanidad.

La explicación es porque en la Ciudad de Buenos Aires tienen su asiento las autoridades nacionales y es donde se encuentra la Cabecera del Cuerpo de Ejército. También allí estaba el Comando en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Además, en esa ciudad se encontraba la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Automotores Orletti y otros centros clandestinos de detención y exterminio.
Por su parte, la jurisdicción de los Juzgados Federales de La Plata, en la época del Régimen Militar, era más amplia que la actual y por eso muchas causas estaban radicadas en esos tribunales.
El único condenado de San Isidro fue el ex Teniente Coronel Hernán Antonio Tetzlaff por sustracción de menor, retención, ocultamiento y supresión de estado civil de Hilda Victoria Montenegro.
 
En el siguiente Mapa se puede observar el número de personas condenadas por Lesa Humanidad según las Jurisdicciones en las cuales se dieron los juicios.
 
 

El Ejército fue el principal culpable, aunque hasta un integrante de la Iglesia cometió crímenes de Lesa Humanidad. El Ejército, con Jorge Rafael Videla como cara, tuvo 95 miembros llevados a juicio y sentenciados. Asimismo, la Justicia también le llegó a Christian Von Wernich, un sacerdote argentino de la Iglesia Católica que se desempeñó como capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura. Fue condenado a reclusión perpetua por ser culpable de 34 casos de secuestro, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados.

Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la duración promedio de los juicios por Lesa Humanidad es de cinco años. Esto es así porque el sistema establece una primera parte investigativa o instructoria, mayormente escrita, y luego el juicio oral y público contra quienes aparecen como los responsables de los hechos delictivos.

Estos juicios suelen llevar mucho tiempo porque se deben reconstruir la pruebas de hechos ocurridos hace más de 30 años y porque la  dictadura se encargó de destruir una gran cantidad de archivos, y además por el sistema de represión que utilizó el gobierno de facto fue clandestino.

La “Memoria” tiene un gran arraigo en nuestra población gracias a las miles de personas que sufrieron el Terrorismo el Estado y a los familiares que lucharon para que los represores sean condenados. Sumado a la influencia del Estado en este asunto a partir del kirchnerismo se logró la Justicia que durante tanto tiempo fue negada.

Alen argumentó lo siguiente en ese sentido: “Los pueblos sin memoria llevan una herida abierta que les impide construir una sociedad sana sobre bases fuertes. La Argentina apostó a la desmemoria y al olvido durante mucho tiempo, sin lograr más que la repetición de sus dramas. Sin memoria, los asesinos continuarían caminando como si nada entre nosotros y probablemente, como lo han repetido en cuanta ocasión tuvieron, tratando de repetir sus crímenes. La “Memoria”, como solía repetir Eduardo Luis Duhalde, es un arma de combate”.

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