Mapuches: reclamos de una de las comunidades más grandes de Buenos Aires

Los qom, los mapuches y los guaraníes son los pueblos con más presencia en el territorio bonaerense, con 11 subgrupos cada uno, según el registro publicado por la Provincia de Buenos Aires en septiembre de 2019. En segundo lugar figuran los Tehuelches- Mapuches y los Kollas, con tres sub grupos, y, finalmente, los Mocovíes, con uno.

Mapuches movilizándose por la prórroga a la ley de Tierras Indígenas
Mapuches en marcha por la prórroga de la ley de Tierras Indígenas. Foto: Prensa Obrera. Licencia Creative Commons CC BY 4.0.

En este informe de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense -de la que depende el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI)- se consignan 40 comunidades indígenas con personería jurídica.

Ahora bien, ¿cómo viven y cuáles son las realidades de estos pueblos? Si bien cada uno es diferente, algunos reclamos son los mismos. Para charlar sobre esto, nos contactamos con Néstor Cúneo, integrante de la comunidad Epu Lafken, de Los Toldos, en General Viamonte.

Néstor es de descendencia mapuche, sus abuelos se reconocían parte de la comunidad, pero él no. Fue hace algunos pocos años que comenzó a adentrarse en su historia y a mostrarse como miembro de la Epu Lafken: «Me crié acá, en Los Toldos hasta los 18 años, pero después me fui a estudiar a La Plata, y estuve 11 años estudiando y trabajando allá».

En 2015, emprendió la vuelta a su pueblo y se reencontró con su prima, quien lo empujó a buscar más sobre sus raíces. «Empecé a averiguar más sobre la cuestión mapuche y empecé a sentir otras cosas. Yo soy bastante ateo, tomé la confirmación a los 15 años, sólo por una cuestión de cultura familiar. Todos teníamos que ir a catecismo y tomar la comunión. Pero yo no pisé nunca más una iglesia y no creo en nada. Pero con la cuestión mapuche empecé a sentir cosas», explicó.

Los Toldos es reconocido como un territorio mapuche y dentro de ella conviven diferentes comunidades. Néstor contó que son cinco y que no superan las 100 personas. Sin embargo, recordó que en 2010 el censo arrojó que eran 4500. Esto tiene que ver con que hay muchas de ellas que «se reconocen como mapuches, pero no viven en comunidad».

Cúneo señaló que los relevamientos por parte de los organismos del Estado, como el CPAI y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), están incompletos. En el registro, su lof Epu Lafken no aparece y, en cambio, sí lo hacen la comunidad «Kintu Kimun», «Hermanos Mapuches de Los Toldos» y «Tribu Ignacio Coliqueo».

Según un informe de 2019 de Amnistía Internacional (AI), después de 13 años de la sanción de la Ley de Emergencia Territorial Indígena se inició el relevamiento territorial en un 57 % de las comunidades, y se finalizó solo en el 38 % de los casos.

La Ley de Emergencia Territorial Indígena

La Ley Nacional 26.160 fue sancionada a fines del año 2006 por un plazo de vigencia de cuatro años, con el fin de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las comunidades indígenas del país. Se prorrogó en tres oportunidades: en 2009, en 2013 y en 2017, extendiéndose su vigencia hasta noviembre de 2021.

Esta normativa establece la suspensión de «la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras». Además, ordena realizar un «relevamiento técnico, jurídico y catastral» y en caso de corresponder, de tierras ocupadas. Esta tarea es realizada por profesionales que conforman «Equipos Técnicos Operativos con participación del Consejo de Participación Indígena, las Provincias y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas».

El mapa de las comunidades indígenas en la Provincia de Buenos Aires

Cúneo afirmó que en Los Toldos hay cinco comunidades mapuches diferentes, pero en el dato oficial sólo figuran tres, quedando lejos de la zona de más concentración indígena. Si observamos el mapa del territorio bonaerense, podemos notar que la gran mayoría de las comunidades indígenas inscriptas se agrupan en el noreste de Buenos Aires.




Los conflictos por las tierras

En la relación con el Estado, Néstor sostuvo que hay tensiones respecto a los reclamos. A esto le agregó que algunas veces también se presentan discrepancias entre las mismas comunidades. «Para el afuera somos todos un pueblo, pero internamente tenemos diferencias», sostuvo.

Uno de los lugares sagrados se encuentra a siete kilómetros de la ciudad, en un territorio recuperado que solía ser una capilla de monjas. Había sido obtenido por el Estado y cedido a las religiosas, pero luego fue recuperado por los mapuches. «Se levantó un rehue, es nuestro lugar de encuentro y ceremonias», explicó Cúneo.

Pero si se habla de lugares sagrados y de reclamos, el punto de tensión hoy es «la laguna de la azotea», como lo suelen llamar. Allí se encuentra el territorio que antiguamente funcionó como cementerio mapuche. La comunidad Epu Lafken exige que vuelva a cumplir esa función ancestral, donde muchos quieren «morir como mapuches» y no ser enterrados en un cementerio municipal o privado.

Por otro lado, otros integrantes de otras comunidades quieren «fosilizar la historia», sostuvo Néstor. Declaró que ser reconocido como patrimonio cultural histórico por parte del Estado haría que quedara «tipo museo sin reconocer lo que fue antes; sin darle el valor actual».

En ese conflicto, el Estado municipal convocó a la Universidad Nacional del Centro para que los antropólogos hagan los estudios correspondientes y «pedirle a la ciencia occidental su grado de ‘verdad'», se quejó Néstor.

Asimismo, rescató los reclamos por la instalación de energía eléctrica para familias mapuches: «Es gente a la que le gusta vivir en el campo, pero hoy en esta realidad, en esta actualidad, es muy difícil vivir sin luz. Hay un montón de reclamos de la gente mapuche que el Estado no reconoce».

Cúneo recordó el conflicto que tienen por las fumigaciones con agrotóxicos: «En las escuelitas rurales, a unos metros de nuestra comunidad, los aviones pasan fumigando y con el viento dispersan el veneno».

En el informe de Amnistía Internacional se relevaron casi 300 casos de problemáticas indígenas a nivel nacional de comunidades que se enfrentan no sólo al Estado sino también a grandes empresas, como agropecuarias, mineras, petroleras y de turismo.

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