Sobre un total de 29.379 pedidos, 394 fueron hechas por mujeres y el resto (28.933), por hombres. Sólo una de cada 100 solicitudes para obtener la autorización de portación de armas fue realizada por una mujer durante todo el 2019. Además, sin sexo detallado hubo 52. Según las estadísticas reveladas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC, ex RENAR).
“Lamentablemente, la ANMaC no publica información periódica sobre la cantidad de autorizaciones otorgadas de portación de armas. Esto refleja un grave problema en términos de transparencia y de producción de información para evaluar y orientar las políticas estatales en la materia. Sobre esta variable, es importante señalar que el Sistema de Control Ciudadano, que habilita a la ciudadanía a oponerse a que la ANMaC emita una autorización, no dio resultados”, dijo Julián Alfie, coordinador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y abogado penalista, al ser consultado por cuántas de estas solicitudes son aceptadas.
A diferencia de la tenencia, es decir, el permiso de tener un arma en la casa, transportarla descargada y con las municiones aparte, se habla de portación cuando se refiere a poder salir a la calle con el arma en condiciones de uso inmediato. Estos casos se dan con las personas que se dedican principalmente al rubro de la seguridad: miembros de fuerzas policiales y retirados, penitenciarias, armadas y de seguridad.
Para formar parte de este pequeño grupo de portadores, según la ANMaC. También los funcionarios como jueces, legisladores y políticos pueden tener el permiso.
“Nuestro sistema legal no reconoce a la tenencia y portación de armas como derechos, sino como excepciones, y en particular, la portación debe estar justificada por motivos de seguridad o profesionales como, por ejemplo, trabajar en una empresa de seguridad privada.
Antes que nada es necesario ser Legítimo Usuario de armas de fuego de uso civil, con credencial vigente y tener registrada el arma sobre la cual se va a solicitar la portación. Luego, presentar el certificado de antecedentes penales y acreditar el estado de salud psicofísico.
Superada la primera etapa, se debe presentar una nota de solicitud que exprese las razones de seguridad y defensa por las que se pide la portación con sus correspondientes pruebas que permitan corroborarlo. Además, tiene que poder justificar su medio de vida lícito a partir de un recibo de sueldo o jubilación, según el caso. Por último, tendrá que aprobar el examen de idoneidad en el manejo de armas de fuego para portación superando varias pruebas de tiro.
Para renovar la portación se evalúan en cada oportunidad todos los requisitos con los mismos parámetros. No hay renovación automática y debe tramitarse cada 12 meses.
En otros países se ha logrado reducir la mortalidad por armas de fuego limitando los motivos por los cuales una persona puede acceder a armas de fuego”, prosiguió Alfie.
Sin embargo, el procedimiento no es el más óptimo: “El sistema obliga a las partes interesadas (por ejemplo, una víctima de violencia de género) a tener que ingresar periódicamente a una página web para chequear si su agresor solicitó una autorización, en vez de notificar activamente. La consecuencia de este sistema carente de accesibilidad fue que no se presentan oposiciones”, opinó al respecto el coordinador del INECIP.
“Está en plena discusión cómo se implantará el nuevo sistema de controles psicofísicos luego de la finalización del contrato con DIENST (empresa de Salud Laboral), que privatizó esos controles, generando un aumento en los costos y, en consecuencia, una enorme cantidad de armas de fuego quedaron fuera de los controles estatales”, continuó sobre el proceso de autorización.
Portación de armas en extranjeros
La regla de una mujer cada cien solicitudes se rompe cuando se filtran las solicitudes a sólo personas extranjeras. De un total anual de 152 pedidos de autorización, todos fueron de hombres y ninguna de mujer.
Solicitudes en pandemia
A partir de la realidad que se vive con la pandemia de Covid-19 y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la cantidad de solicitudes para la portación se redujo a la mitad en este primer semestre del año, en comparación con el mismo periodo del año pasado. En 2019 hubo un total de 13.727 pedidos, mientras que en lo que va del 2020 sólo lleva 6890. Esto se debe en parte a que a partir del 18 de marzo no se encuentran registros de solicitudes hasta comenzado el mes de junio, donde la actividad comenzó a restablecerse con normalidad.
Hasta ahora en 2020, el mes que más pedidos registró fue enero con 2763. El año había comenzado en alza, superando el enero pasado por 100 solicitudes. Pero ya en febrero se comienza a ver la disminución de solicitudes hasta llegar a cero, en abril y mayo.
Portación de armas y femicidios
Según el informe final del 2019 del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la República Argentina, de 280 víctimas fatales que hubo el año pasado, 73 perdieron la vida mediante el uso de armas de fuego. Éste fue el método más usado por los femicidas a la hora de actuar, dejando una tendencia de uno cada cuatro (26%) femicidios. Entre los victimarios se encuentran aquellos que tienen permitida la portación de armas.
“Pertenecer actualmente o estar retirado de las fuerzas policiales, de seguridad o armadas incrementa las chances de cometer femicidio con el arma que se porta. Es muy probable que esto responda al fácil acceso a las armas de fuego”, dijo María Alejandra Otamendi, socióloga e investigadora del CONICET especializada en criminología y seguridad.
“Por lo menos el 16% de los femicidios cometidos con armas de fuego fueron realizados por integrantes de fuerzas de seguridad. Los organismos cuentan con procedimientos especiales de prevención para estos casos, que le quitan el arma de fuego a los agentes denunciados por violencia de género, pero no siempre se cumplen. El problema central es la disponibilidad de las armas de dotación por fuera del horario del servicio, que sigue la lógica del «estado policial» permanente del agente de seguridad”, comentó Julián Alfie al respecto.
Sara Barni, fundadora y presidenta de la ONG Red Viva, contó su experiencia personal: “Mi ex todavía no me mató. Era policía y tiene 14 años de prisión, pero sigue circulando por la calle. Le sacaron el arma reglamentaria, pero él tiene una escopeta. Yo tengo una restricción de 300 metros y él deja la camioneta estacionada exactamente a 300 metros de mi casa, viviendo él en provincia y yo estando en Capital. Lo que indica que él quiere hacer saber que anda por la zona”.
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Es permitido usar Armas Traumaticas que disparan balas de goma en Argentina.