Violencia institucional: 85% de las muertes ocurrieron con custodia policial y gatillo fácil

El último informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) demostró que las denuncias por fusilamientos policiales son cada vez más recurrentes. Desde la asunción del gobierno de Cambiemos, hubo 1302 personas asesinadas en 1159 días. Esto equivale a una muerte por violencia institucional cada 21 horas. ¿Qué ocurre cuando la promoción de la violencia viene desde el Estado?

 

A fines de 1983, algunos familiares de víctimas se organizaron para visibilizar los casos naturalizados de la represión. De esa manera surgió el primer Archivo de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo Estatal, que comenzó solo con 262 casos.

A lo largo de los años la cifra ascendió notablemente. Hoy, a casi cuatro años desde que asumió el gobierno de Cambiemos, la cantidad de víctimas asesinadas por el aparato represivo estatal llegó a un total de 1302 personas muertas en 1159 días de gobierno.

Días de gobierno y casos registrados
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La violencia institucional es la violencia ejercida desde el uso del poder del Estado para causar daño y reforzar una estructura de dominación. En el caso de las políticas represivas, la violencia institucional funciona como una técnica de gobierno con el fin de mantener el control social de determinados grupos sociales como jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad económica y social. Sobre ellos se emplean dispositivos y mecanismos represivos como torturas y asesinatos.Una política criminal con condena social

Ana Sicilia es etnógrafa en cárceles, participa como tallerista de lecto-escritura en el espacio «El Ágora» del Penal Nº 9 de La Plata y coordina la biblioteca de la cárcel de González Catán. Ana describió los últimos cuatro años (2015-2019) como un período de grandes recortes presupuestarios para el desarrollo y la inclusión de quienes ocupan los establecimientos penitenciarios en el sistema educativo y laboral.

Para Sicilia, la delincuencia es el último punto a tratar. En primer lugar, hay que resolver las situaciones de vulnerabilidad económica de presos y presas. A partir de allí, afirmó «Es más fácil atacar o poner los medios en el problema menor. La delincuencia y la inseguridad no son problemas menores, pero son parte del último eslabón. El primero es la pobreza estructural que es la más difícil de desarraigar, de limpiar, de sanar y de tratar. El último eslabón es lo que se ve, es la punta del iceberg».

Además, la especialista agregó «Pobreza y chorros van a haber siempre en un sistema capitalista. Se necesita una decisión política con coherencia y con convicción para tratar de lleno la pobreza estructural y no quedarnos con lo que se ve: los ‘pibes chorros’ o la ‘inseguridad’. Antes de todo eso que te muestran los medios, hay una raíz gigante y un problema mayor», subrayó.Cada muerte demuestra una política de gobierno que castiga y aplica sanciones represivas sobre los sectores vulnerables de la sociedad. En general, las prácticas violentas ejercidas por agentes del Estado (como la represión y las detenciones) son legitimadas mediante el uso de un sistema judicial que garantiza la impunidad de las fuerzas de seguridad.

Algunos ejemplos de este mecanismo normativo y legal son: el proyecto de ley presentado para bajar de edad de imputabilidad a 15 años, la compra de pistolas táser para las fuerzas policiales de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires , el Protocolo General de Actuación para la realización de allanamientos y requisas personales del Ministerio de Seguridad de la Nación expuesto en la resolución 275/2016 y 535/2017, así como también, la aplicación de un protocolo de seguridad frente a protestas sociales denominado “Antipiquetes” que no fue oficializado.

 

 

Derechos humanos sólo para los policías

Con la creación del Ministerio de Seguridad en diciembre de 2010 se previó la creación de una Dirección Nacional de Derechos Humanos (DNDH) y así, un área específica —dependiente directamente del Ministro de Seguridad— cuya responsabilidad primaria consiste en la implementación, aplicación y difusión del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.El 1 de abril de 2019, el Ministerio de Seguridad impulsó la Unidad de Garantía de Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Nacionales. Este proyecto se publicó en el Boletín Oficial bajo la resolución 234/2019. A pesar de que los datos recuperados por CORREPI exponen cifras paupérrimas de su ejercicio, las fuerzas de seguridad no dejan de ser trabajadores y trabajadoras del Estado. Con lo cual, por su labor y reconocimiento como trabajadores y trabajadoras, fueron incluidos dentro de la DNDH. En ese sentido, ¿es necesaria y eficaz una oficina de derechos humanos exclusivamente para policías, tal como la impulsó el gobierno de Cambiemos?

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Para poder responder a esta cuestión, consultamos a Natalia Federman, abogada con orientación en derecho internacional público y especializada en el área de derechos humanos. Federman fue Directora Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, trabajó en la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Federman comentó que para construir un modelo democrático de seguridad ciudadana, debe emprenderse seriamente la tarea de pensar a los derechos humanos y a la igualdad de género como un principio que debe ser garantizado y resguardado por el sistema de seguridad del Estado, pero que también debe ser garantizado al interior del mismo sistema de seguridad. «La entonces Dirección Nacional también tenía entre sus misiones y funciones la obligación de garantizar los DDHH de los integrantes de las instituciones de seguridad. Entre sus objetivos estaban, por un lado, intervenir, en colaboración con otras áreas, en el diseño y desarrollo de estándares y protocolos de actuación para las fuerzas policiales y de seguridad referidos a las reglas internacionales de uso de la fuerza, así como todo otro protocolo de actuación vinculado al respeto de la normativa internacional de Derechos Humanos vinculada al accionar de las fuerzas policiales y de seguridad. Asimismo, desarrollar una política de personal que asegure el desarrollo profesional de las mujeres que integran las instituciones dependientes del Ministerio en condiciones de equidad», explicó.

La ex directora de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad aseguró que para llevar a cabo estos dos objetivos «se desarrollaban políticas de personal dirigidas a asegurar la equidad entre varones y mujeres integrantes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación y, paralelamente, se diseñaron políticas operativas que reconocían a la violencia de género como un tema central de la seguridad ciudadana (incluyendo la diversidad sexual y la identidad de género), ya sea para la intervención directa ante un delito o para el despliegue de respuestas preventivas. Esta Dirección que tenía una estrategia transversal de derechos humanos, que incluía también la prevención, seguimiento y sanción de la violencia institucional y la política de memoria, verdad y justicia sobre los delitos cometidos en el marco del terrorismo de estado, fue disuelta a principios del 2016″, remarcó.

¿Qué cambió?

A partir de la resolución 234/2019, con la creación de la Unidad de Garantía de los Derechos Humanos, Federman reconoce «una dicotomía» entre el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos por parte de las instituciones de seguridad y el respeto de los derechos humanos de los integrantes de las fuerzas. «No son los mecanismos de prevención y sanción de la violencia ejercida por integrantes de las fuerzas hacía la ciudadanía los que representan un peligro para los derechos de los/as integrantes de las fuerzas; sino la multiplicidad de leyes, resoluciones, órdenes internas y prácticas institucionales que constituyen un ambiente propicio para la violencia laboral, el acoso sexual y las más diversas formas de abuso de poder», aseguró la abogada.

¿Ni un pibe menos?

Tal como expone la resolución 535/2017, las fuerzas de seguridad no necesitan intervención judicial para hacer requisas personales ni realizar detenciones arbitrarias (en el caso de que la persona interceptada se niegue a ser revisada). Es decir, para investigar y retener sólo es necesaria la sospecha o desconfianza de los policías hacia cualquier persona que circule por la vía pública.

A pesar de que este tipo de normativas rigen para cualquier ciudadano y ciudadana, el último informe de CORREPI detalla que las principales víctimas son las personas jóvenes. Un 42,1% del total (6564) son pibes y pibas de entre 15 y 25 años. Unos 167 niños tenían menos de quince años.

De poco más de un 20% de las personas no se obtuvieron datos. Esto se debe a que fueron muertes ocurridas en prisión y la información depende de la Procuración Penitenciaria Nacional, la cual no proporciona los nombres y edades de las víctimas.

La reinserción a los ámbitos laborales y educativos de aquellas personas jóvenes detenidas dentro del Sistema Penitenciario es uno de los puntos a trabajar por las ONG y cooperativas. Los estudiantes que participan del espacio de El Ágora tienen entre 23 y 46 años.

«Desde el Servicio Penitenciario no hacen mucho para trabajar las reinserciones. Hay gente con amor, convicción y pasión que da su tiempo a distintos talleres que se van generando. Por ejemplo, en el taller de Educación por la Paz, les enseñan a vivir en comunidad. Desde mi lugar busco generarles una llama, que se apasionen por algo, que cuando salgan a la calle amen hacer algo que no sea robar. Quiero demostrarles que hay otras cosas por hacer», explicó Sicilia.

El espacio El Ágora intenta brindarles herramientas a los presos y presas para aprender a modificar los modos de relacionarse aceptando sus condiciones. «A través de la escritura, muchos reflexionan sobre los actos que los llevaron a la prisión, sobre sus destratos con las familias. Muchas veces, esa reflexión los lleva a regenerar los lazos», comentó la especialista.

Foto por La Tinta

Apostar a la enseñanza de labores y oficios, así como también proponer una mejora en el sistema educativo son las principales respuestas para esta problemática. Sin embargo, Sicilia explicó que «la reinserción educativa durante los últimos cuatro años fue nefasta porque cortaron el presupuesto para distintas áreas. En el Penal Nº 9 de La Plata había un proyecto de programa que les brindaba a los pibes un patrullero para ir a la universidad. Cortaron el dinero destinado a eso y ya no pueden estudiar en un lugar que no esté adentro del servicio. Los pibes que empezaron una carrera universitaria, estos últimos cuatro años, no pudieron estudiarla más».

 

La exclusión social es una estructura que -en el centro de las sociedades- limita sensiblemente el acceso de un considerable número de personas a una serie de bienes y oportunidades vitales fundamentales, hasta el punto de desigualdad en materia de derechos y beneficios. En resumen, los jóvenes acusados que se encuentran dentro del sistema penitenciario no sólo enfrentan distintos tipos de violencia institucional dentro de las cárceles, sino también dificultades relativas al empleo y la educación como insuficiencia de ingresos y las restricciones para acceder a instituciones educativas.

Lo mismo ocurre (y en consecuencia) con el ámbito laboral. «La reinserción laboral, en La Plata, por ejemplo, el espacio El Ágora nació hace nueve años con la idea de ser una cooperativa donde lo que se produce -bolsos en talleres de marroquinería-, se venda y los pibes tengan un dinero propio para cuando salgan de transitorias. Esto es muy difícil porque el Servicio Penitenciario te golpea los talones todo el tiempo. Un día vendí unas carteras que habían hecho los chicos, les llevé la plata (algo que no se puede, pero era la plata de ellos) y, en una requisa luego de dictar mi clase, los policías se llevaron toda la plata. No existe un clima propicio para una reinserción en ningún aspecto», recalcó.

¿De qué manera reprimen?

Las dos formas de violencia institucional ejercidas son la modalidad de fusilamiento por gatillo fácil (38,3%) y muertes en prisión o bajo custodia policial (46,8%). Esto suma un 85% del total de las víctimas.

Estos registros de asesinatos involucran a Fuerzas de Seguridad tales como Gendarmería Nacional, Policía Federal, Metropolitana, Policía de la Ciudad, Prefectura, Seguridad Privada, Policías Provinciales y, principalmente, Servicios Penitenciarios.

Durante la gestión de su gobierno, Cambiemos demuestra un énfasis en la necesidad de “más seguridad”.

En noviembre de 2018, en un viaje a Córdoba la actual Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich dijo “El que quiera estar armado, que ande armado, el que no quiere que no ande armado. La Argentina es un país libre”. Este es sólo un ejemplo del refuerzo y la profundización del discurso condenatorio y de mano dura impulsado por el gobierno nacional, el cual se fundamenta mediante la necesidad de continuar la “lucha” contra el narcotráfico. Partiendo del argumento mencionado, realizaron un despliegue rápido y avance de las fuerzas de seguridad militarizando el espacio público (como por ejemplo, los barrios, las protestas y las plazas)

Un motochorro más liberado en menos de 24 horas después de haber asaltado a una turista y de ser reconocido por otra víctima más. Vuelvo a pedirle a la Justicia que cuide a los ciudadanos y no a los delincuentes.

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 12 de marzo de 2019

Las “pepas” que incautamos podían ser para el colegio de tus hijos https://t.co/pt3Lljk3oq pic.twitter.com/suyiWvfTO7

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 12 de mayo de 2019

Este énfasis en la necesidad de «más seguridad»  hace que la reinserción de los presos y presas sea sólo una cuestión de eslogan o “ideal” que suele ser negado por la propia práctica de la institución penitenciaria, ya que los funcionarios no cumplen con sus necesidades básicas (por ejemplo, ejercen violencia institucional omitiendo el acceso a medicamentos y tratamientos médicos, al trabajo y la educación, limitando sus vínculos o visitas familiares, etc.).

La cárcel, uno de los lugares más violentos y peligrosos para las personas detenidas, reproduce esta exclusión social desde la negligencia de derechos para los sectores marginales de nuestra sociedad.

Para Ana Sicilia, en la solución de esta grave problemática hace falta un interlocutor para  elaborar un íntegro plan de seguridad para que las Fuerzas cumplan con su rol. «Hay un vacío que genera impunidad. Es necesario un seguimiento por parte del Estado, ya sea un organismo o una comisión que en cada provincia supervise el Servicio Penitenciario desde cerca. No alcanza con que venga el Ministro de Seguridad y recorra los penales y el director del penal le muestre la celda más limpia o el pabellón más ordenado. La corrupción que hay en el Servicio Penitenciario es tan alta que es muy difícil que se puedan reinsertar los pibes si el sistema que tiene que cuidarlos para que se reintegren a toda la sociedad está tan sucio, tan corrupto, tan podrido.», expresó.

A partir de septiembre de 2012, la Dirección Nacional de Derechos Humanos con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) inició un proceso de trabajo para agotar las posibilidades de identificación de personas detenidas desaparecidas cuyos cuerpos hubieran sido inhumados como NN entre 1975 y 1983. Este proyecto surgió de la necesidad de utilizar en forma efectiva los avances tecnológicos existentes y agotar las posibilidades que había para esclarecer el destino final de aquellas personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Sobre esto, Natalia Federman explicó que «El proyecto se basa en la existencia en poder de la Policía Federal Argentina y de otras dependencias administrativas y judiciales del Estado Federal y los estados provinciales, de documentación que incluye impresiones digitales de cadáveres de personas que fueron asesinadas por el terrorismo de Estado y habían sido inhumadas bajo la categoría NN. Las fichas contienen información dactilar que el actual desarrollo tecnológico permitía cotejar de forma masiva, permitiendo establecer con certeza la identidad de algunas de las personas y aportando información novedosa sobre el contexto de su desaparición y muerte».

El inicio de este trabajo no es casual. Mediante la aplicación de esta estrategia de búsqueda se pudo identificar el cuerpo de Luciano Arruga en 2014. A partir de allí, la cifra de identificaciones se amplió notablemente. (Para más información sobre el programa hacer click acá). Natalia Federman detalló los alcances de este trabajo. «Esta limitación -no formal- de los alcances del proyecto inicial implica que no se hayan agotado los esfuerzos para garantizar que el Estado ha hecho todo lo posible para esclarecer el destino final de aquellas personas que fueron víctimas de desaparición forzada y, con ello, contribuir a garantizar el derecho a duelo de sus familiares y al proceso de memoria, verdad y justicia sobre los delitos cometido por el Terrorismo de Estado. A diciembre de 2014 se habían hecho 80 cotejos positivos, de los cuales 32 aportan información novedosa y han sido remitidos a las autoridades judiciales correspondientes, que tuvieron a su cargo los trámites posteriores (notificación a los familiares, elaboración de acta de defunción, determinación del destino final de los restos, etc)».

Respecto de las desapariciones ocurridas con posterioridad a diciembre de 1983, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) debe ayudar a todo organismo que trabaje en la búsqueda de personas y en el hallazgo de personas que fueron enterradas como NN. Sin embargo, Federman confirmó que no existe claridad en que las personas identificadas hayan estado denunciadas como desaparecidas, es decir, buscadas por sus familiares o por el sistema de administración de justicia.

«El reciente caso de Johana Ramallo cuyos restos fueron identificados un año después de haber sido encontrados, parece indicar que el SIFEBU no resulta aún un sistema que sea eficiente y confiable para el hallazgo de personas que se encuentran siendo buscadas», concluyó.