Las universidades no cumplen con el cupo laboral para personas con discapacidad

Desde 1981 rige la Ley 22.431 que, en su artículo 8, impone al Estado la contratación de personas con discapacidad idóneas para diferentes cargos. La cantidad de personas con discapacidad contratadas no debe ser menor al 4% de la totalidad del personal de cada organismo, entre los cuales se incluyen a las universidades públicas.

Las universidades no cumplen con el cupo laboral para personas con discapacidad
Las universidades no cumplen con el cupo laboral para personas con discapacidad

A través de una solicitud de acceso a la información pública, se le requirió al Estado Nacional datos sobre los trabajadores con discapacidad que, teniendo Certificado Único de Discapacidad (CUD), se desempeñan laboralmente en las Universidades Nacionales. Las cifras de personas con discapacidad contratadas por las mismas son menores al porcentaje mínimo establecido por ley.

Son 20 las universidades que incumplen la Ley 22.431 o Ley de Sistema de Protección Integral de las personas con discapacidad. Hay casas de altos estudios que no informan sobre la contratación de personas con discapacidad, como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de La Plata.

Ninguna de las universidades incluidas en el reporte oficial cumplen con la ley, ya que los puestos laborales ocupados por personas con discapacidad ni siquiera llegan al 1%y hay algunas universidades que no cuentan con ningún empleado con discapacidad entre sus filas.

El máximo porcentaje corresponde a la Universidad de la Defensa Nacional con un 0,8%. Detrás se encuentra la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires con un 0,7%, y la Universidad Nacional de Avellaneda con un 0,6%. No cuentan con personas con discapacidad entre su personal la Universidad Nacional de La Pampa y la Universidad Nacional de General San Martín.

El porcentaje al que llegan las distintas universidades de Argentina (la Ley obliga a llegar al 4%):


Las universidades que tienen empleadas más personas con discapacidad son la Universidad Nacional del Sur, con 13; la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con 11 y la Universidad Nacional de Avellaneda, con 9 empleados con discapacidad.

A través de los datos obtenidos, se demuestra que las distintas universidades de Argentina incumplen con el cupo establecido en la Ley 22.431.

"Una cuestión de derechos humanos"

Luego de observar los datos, se buscó conocer si las personas con discapacidad que trabajan en las universidades son conscientes sobre esta Ley. Para ello, se consultó a Federico López, quien trabaja en el área de seguridad de la UNDAV desde 2016. Se le preguntó si conocía la cifra de trabajadores con discapacidad que tiene la institución y dijo: "Somos entre 7 y 10 personas con discapacidad los que trabajamos en la UNDAV".

La cifra estaba dentro de los parámetros que arrojaban los datos oficiales. Federico dijo: “La verdad desconocía esta Ley, por lo tanto, tampoco estaba enterado sobre el porcentaje", en referencia al mínimo de trabajadores con discapacidad que se estipula en la Ley de Sistema de Protección Integral de las personas con discapacidad.

Se le consultó por el tipo de discapacidad que tenía, Federico explicó: "Tengo una discapacidad motriz, camino con dificultad, pero sin ningún tipo de apoyo".

Luego de la experiencia con López, se consultó a otra trabajadora de la misma universidad, Dina Mariel Austra, quien dijo: "Poseo una discapacidad adquirida", explicando que se trata de "baja visión producto de una conjuntivitis vírica que perforó la córnea".

Dina relató que trabaja en la UNDAV desde 2015: "Mi primer desempeño en la institución fue como parte del claustro docente, en la escuela secundaria técnica, como profesora de Artes Visuales. Actualmente, debido a mi situación y no poder estar frente a un curso, pasé a la Secretaría de Bienestar Universitario, formando parte del Departamento de Accesibilidad y Discapacidad”.

Sobre la Ley 22.431, dijo: "La conozco, es muy importante, aunque en muchas instituciones no se cumple". A diferencia de Federico López, que no sabía de la existencia de la ley. El conocimiento de Dina la llevó a dar su parecer ante el incumplimiento del cupo y la dificultad de las personas con discapacidad para lograr su desarrollo pleno en la sociedad. Austra argumentó: "Me gustaría que esta problemática se ponga en el foco de atención, porque entiendo la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y una problemática de índole social, avanzando en la eliminación de barreras físicas, comunicacionales, actitudinales y pedagógicas".

Total de personas con discapacidad y empleados con los que cuentan las universidades hoy en día:

Según el sitio web del Gobierno Nacional, el artículo 8 fue modificado por la Ley 25.689 en el año 2003, añadiendo que los ministerios que no tengan relevados y actualizados los datos sobre la cantidad de cargos cubiertos por personas con discapacidad, se considerará que incumplen con el 4% y los postulantes podrán hacer valer sus derechos de prioridad de ingreso.

Los responsables de los entes en los que se verifique dicha situación se considerará que incurren en incumplimiento de los deberes de funcionario público, correspondiendo idéntica sanción para los funcionarios de los organismos de regulación y contralor de las empresas privadas concesionarias de servicios públicos.

Es imperioso para la comunidad conformada por personas con discapacidad, posean o no CUD, la capacitación sobre los derechos que atañen a dicho colectivo, la difusión de la legislación vigente, como así también, instruir sobre las garantías que dicha ley establece con referencia, entre otras cosas, al derecho a conseguir un cupo laboral, beneficio que no solo concierne al cumplimiento de la ley, sino que contribuye a la realización personal, a la posibilidad de independencia económica, y a la satisfacción de las necesidades básicas.

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