Según el Registro de Policías Expulsados e Inhabilitados de la Provincia de Buenos Aires (REPEI), 9434 policías fueron expulsados de la fuerza desde el año 1966 hasta noviembre de 2019, conforme su última actualización.
El Régimen Disciplinario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra comprendido en la Ley 13.982, específicamente en los artículos desde el 53° al 56°. Las sanciones aplicables, a través del art. 54, por faltas cometidas, tanto en el servicio como fuera de él, son a través de apercibimiento, suspensión sin goce de haberes, cesantía o exoneración.
El Registro, creado en 2018 por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, distingue los motivos de la suspensión de los efectivos entre cesantía y exoneración.
Durante el 2016 y 2019, en total se registraron 1883 expulsados. Más del 60% de los efectivos de la Policía Bonaerense fueron con causa de cesación, con 1191 mientras que, por exoneración, fueron 692.
Según una fuente de la policía bonaerense que pidió reserva de identidad, ambas causales «importan la separación de la policía, con la pérdida del empleo y los demás derechos inherentes al mismo». Esto impide que el efectivo que fue dado de baja por esta exoneración o cesantía pueda ser reincorporado a la fuerza.
Hay situaciones excepcionales que aplican para la rehabilitación del personal, medida que permite el ejercicio en otro cargo público, exceptuando a las Fuerzas de Seguridad. Para esta medida, la diferencia entre cesantía y exoneración es el plazo para conceder dicho pedido. «El cesanteado debe esperar un año para solicitar la rehabilitación y, si le es negada, debe esperar otro dos más. En cambio, el exonerado debe esperar dos años desde su expulsión y, si se la niegan, otros 5», explica la agente y agrega «Igualmente, este es un pedido extraordinario del cual, pocas veces, se dispone»
Las faltas que se aplican, se sustentan a partir del art. 55 de la Ley, y se categorizan dependiendo el hecho sucedido a la expulsión del personal: hechos de corrupción, abandono del servicio, actos que impliquen la violación de derechos humanos, uso abusivo de su status profesional, incumplimiento de órdenes de servicio. En los casos de cesantía y exoneración sólo podrán ser aplicadas previo sumario administrativo.
Según el REPEI, la causa mayor es la corrupción, con un total de 837 policías expulsados en ambas categorías, 421 por cesantía y 416 por exoneración.
En la cesantía, la segunda causa es el abandono de servicio con 402 expulsados y una tasa del 34% cada 100 efectivos, mientras que por exoneración figura como última razón, con 34 y una tasa del 5%.
Como tercera causa se encuentra la violencia policial, con 64 casos por exoneración y 112 por cesantía, con tasas de 10 y 9%, respectivamente.
Tipos de expulsión según distinción de género
Según datos del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, sobre un total de 94.191 policías, 40.096 son mujeres. Sin embargo, los datos arrojados por el Registro de Policías Expulsados e Inhabilitados de la Provincia exponen que del total de 1883 expulsiones, el 75% fueron del género masculino con 1484, en relación con 399 mujeres suspendidas (25%).
Mientras que en el género masculino predominan las causas por corrupción y la violencia policial, el abandono de servicio es el mayor motivo de la expulsión femenina. La agente informante, perteneciente al cuerpo de la Policía Bonaerense, señala: «muchas compañeras sufren acoso y existen casos de violaciones por parte de compañeros. El miedo a denunciar es lo que, muchas veces, hace que decidan abandonar el cuerpo policial, porque siempre son de mayores escalafones porque como mujeres es más difícil subir de rangos. Otra veces, pasa que cuando son madres, tienen miedo por hijos.»
Doctrina Chocobar
Los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal fueron reconocidos por su política de «Mano dura» que significó medidas como: la autorización a la policía a disparar sin dar la voz de alto, el aumento de la represión policial a la protesta social y protocolos antiprotesta, y la propuesta de bajar la edad de imputabilidad y aplicadas a través de sus Ministerios de Seguridad.
Según un informe proporcionado por la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI), durante los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, hay 207 muertos por la Policía Bonaerense, contabilizados hasta febrero de 2019 (sólo en el 2018 se registraron 124). En el Registro de Policías Expulsados e Inhabilitados de la Provincia (REPEI), solo figuran 154 efectivos expulsados por violencia policial, hasta noviembre de 2019, y en el cual no se distinguen las causas proporcionales.
Desde el CELS, en 2017, a pesar de la inexistencia de este Registro, identificaron una muestra de treinta hechos en que los efectivos policiales mataron a particulares en la provincia de Buenos Aires, en los que resultaron muertas 33 personas. Esto se realizó en el marco de una investigación que buscaba debatir una doctrina que, desde el Gobierno Nacional se intentó instalar como excusa, la «doctrina de culpabilidad policial», que consideraba que los policías siempre eran culpables, luego de los asesinatos de Rafael Nahuel, Pablo Kukoc y Facundo Ferreira. Este estudio demostró que «de los 38 efectivos involucrados en los hechos 27 fueron absueltos, sobreseídos o su causa fue archivada; otros 7 se encuentran con sus causas aún en trámite, y solo 4 fueron condenados».
María José Parra, abogada y miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), denuncia que, si bien, según María Eugenia Vidal, en el momento de la creación del REPEI, consideró al registro como una herramienta de seguridad para frenar con la ‘delincuencia policial’, «no implica una real transformación dentro de la Policía Bonaerense, ni para ninguna Fuerza de Seguridad, ya que, meses después, desde el Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich, se creó el Registro de expulsión para las Fuerzas Federales y en los últimos años, las Fuerzas de Seguridad tuvieron un protagonismo desmedido con intervenciones que intentaron legitimar el uso irracional de la fuerza letal», explica Parra.
Cabe recordar que en el 2018, el policía de la Bonaerense, Luis Chocobar, mató de un disparó por la espalda de Pablo Kukoc, de 18 años, mientras huía de un presunto asalto a un turista estadounidense en La Boca. Mauricio Macri, en ese entonces, presidente de La Nación, lo convocó a una reunión en la Casa Rosada para darle sus felicitaciones y calificarlo de «héroe y un ejemplo a seguir».
Pocos meses después, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de una resolución, creó el Reglamento General para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad, que amparaba a los policías que apliquen la «Doctrina Chocobar».
María José pone en evidencia que «si bien, la resolución solo tenía jurisdicción sobre las Fuerzas Federales, demuestra la flexibilidad y el poder que se les otorgaba, por parte del Gobierno», y denuncia que la implementación no se concretó en la Provincia de Buenos Aires, pero que desde el Gobierno, contemplando que se venía un año electoral y Vidal buscaría la reelección, «aseguraban no estar en contra de la medida ya que entendían que esta proporcionaba ´más seguridad a los ciudadanos y protección a los policías en servicio’; ¿Desde cuándo quitarle la vida a alguien da más seguridad? El problema es estructural en las Fuerzas de Seguridad y dentro del aparato estatal, el hecho de reglamentar y validar estas prácticas es una violación a los Derechos Humanos porque ese pibe muerto también era un ciudadano y víctima del sistema».
Durante el 2017, la expulsión por violencia policial en la provincia de Buenos Aires era fue de más del 15, mientras que en los años 2018 y 2019, bajó a casi mitad con 8% y 7% respectivamente. El 2018 fue el año con mayores expulsiones en la Policía Bonaerense.
